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Callao: El 70% de las cámaras de seguridad estarían inoperativas

El jefe de la región policial del Callao aseguró que la Policía ha solicitado más de 400 cámaras de videovigilancia a las autoridades regionales.  

El General Edgardo Garrido López, jefe de la región policial del Callao, indicó que la institución solo cuenta con 25 cámaras operativas. En conversación con Capital, el general aseguró que, a pesar de que la región cuenta con más de 690 cámaras, estas solo están destinadas a monitorear el tránsito del lugar.

“En el Callao tenemos más de 690 cámaras, pero solo 25 están operativas para la policía. Hemos solicitado a las autoridades regionales 400 cámaras para poder hacer frente a la inseguridad ciudadana”, señaló Garrido López.

El general también destacó que en el Callao tienen un déficit de policías, por lo que el apoyo tecnológico es fundamental para que puedan mejorar su servicio ante la delincuencia.

El general indicó que la Policía no tenía acceso a las cámaras de seguridad del Callao, dado que la región tiene su propio equipo de monitoreo de tránsito. Por ello, la institución decidió colocar a un efectivo dentro de las oficinas de control.

Delincuencia en el Callao

Garrido López también alertó sobre la incidencia de menores en la delincuencia del Callao.

“Hemos detectado que 345 menores de edad involucrados en actividades ilícitas y que, incluso, desde los 12 años comienzan en la delincuencia y a consumir drogas”, indicó Garrido.


Consorcio Tránsito Ciudadano del Callao se defiende

El representante legal del Consorcio Tránsito Ciudadano, Edwin Flores Torrejón, negó que la empresa administre las más de 600 cámaras de vigilancia en el Callao.

“No son 600 cámaras. Son en realidad 91 cámaras del consorcio, el resto las administra la Municipalidad Regional y Distrital del Callao”, sostuvo Flores.

Además, ante la denuncia del general Garrido López de la baja tecnología de los equipos, el representante del Consorcio indicó que sí cuentan con cámaras con tecnología para registrar en 360 grados. Finalmente, negó que la empresa reciba el 80% de los ingresos por cobro de papeletas y aseguró que, a pesar de iniciar su gestión con el gobierno de Félix Moreno en el 2017, no se trató de un contrato manchado por corrupción.

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