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Glave sobre ley de financiamiento de partidos políticos: "Es una estrategia legal vinculada a Keiko"

Parlamentaria de Nuevo Perú aseguró que "se está usando al Congreso" en beneficio de algunos procesados como Keiko Fujimori.

La congresista Marisa Glave cuestionó la ley contra el financiamiento ilegal de partidos políticos, aprobada hace unos días en el Congreso, y consideró que esta iniciativa formaría parte de una estrategia legal a favor de algunos procesados como Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama.

“Están usando el Congreso para una estrategia legal de personas que están siendo en este momento procesadas por lavado de activos. La sensación que da es que, evidentemente, es una estrategia vinculada al señor Yoshiyama o a la señora Keiko, y eventualmente al señor Alan García. Puede beneficiar (incluso) al señor Humala o a la señora Villarán”, precisó.

Y es que, a juicio de la parlamentaria, lo que aprobó el Legislativo no es propiamente una ley que regule los aportes irregulares a las organizaciones políticas, pues esta norma establece que dicha financiación “solo es delito si es que proviene de una fuente criminal; es decir, del narcotráfico, corrupción o tala ilegal”.

“Lo que ha aprobado el Congreso es que, si un partido oculta información, no es delito. Si es que hoy día un millonario decide que quiere dar 500 mil a un partido, en lugar de darle el tope de 30 mil, no es delito. Si un banco quiere darle plata a un partido, sigue siendo no delito porque lo que aprobó el Parlamento no incluye ninguna de estas figuras que precisamente son las que tenían que volverse delito”, explicó.

La legisladora de Nuevo Perú denunció que con esta ley lo que se pretende es “crear una figura penal más o menos parecida a lo que ya existe en (la figura de) lavado de activos”, pero con penas mucho más bajas.

Según dijo, el lavado de activos tiene una pena base 8 a 15 años, mientras que esta ley establece que sea de 3 a 10. En tanto, la pena agravada va hasta 25 años en el caso del primero; mientras que, en el caso del segundo, solo va hasta 15.

“Todos los supuestos de financiación prohibida por ley de partidos políticos siguen siendo simples faltas administrativas, no tienen responsabilidad penal. Lo que sí se ha aprobado es una especie de manera de tener una pena menor si es que un juez aplica esta norma en lugar de la de lavado de activos”, apuntó.

“No puede ser que los partidos sigan ocultando información de cuanta plata reciben, por encima de los topes, y de personas naturales y jurídicas prohibidas por ley. Eso se tiene que volver delito y necesitamos avanzar hacia eso”, agregó.


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